La "Promesa" de tratarte como colonia

 

CLARIDAD

PUERTO RICO

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	Por Cándida Cotto

ccotto@claridadpuertorico.com 

La “promesa” de tratarte como Colonia. Ésa es la reafirmación que hace el borrador del proyecto de ley Puerto Rico, Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA, siglas en inglés) del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dirigido a imponer una Junta de Control Fiscal (JCF) en Puerto Rico.

“Vamos a ponerlo de esta manera, este proyecto sin duda retoma por así decirlo –porque nunca fueron entregados totalmente– retoma muchos de los poderes que se habían autorizado a través de la constitución del Estado Libre Asociado (ELA) que fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos”, describió a Claridad el profesor de Derecho Constitucional, doctor Carlos Ramos González, sobre el citado proyecto. 

Aunque a diferentes niveles el borrador del proyecto sobre la Junta de Control Fiscal que se ha dado a conocer por el presidente del Comité de Recursos Naturales, Rob Bishop, ha recibido el rechazo de todos los sectores políticos de la isla, movimiento sindical, asociaciones profesionales y otros grupos de la sociedad civil. 

Ramos González expuso sobre el retroceso en derechos que representa el proyecto presentado el que por ejemplo la junta, cuyos miembros serían nombrados por el Presidente de EE UU altera o sustituye en un alto grado el proceso de aprobación de presupuesto que establece la constitución del ELA. Se supone que la aprobación del presupuesto de la isla es uno que se inicia en la Cámara de Representantes, continúa en el Senado y luego de aprobado por ambos cuerpos es firmado por el gobernador, quien a su vez lo había sometido inicialmente conforme a las prioridades que establece el Ejecutivo. 

“Esta Junta para todos los efectos le establece las prioridades al gobierno y le indica al gobernador y a las ramas legislativas que si no actúan según lo establece la Junta pues se impone sobre ellos por lo tanto está sustituyendo un gobierno interno”, reparó el profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIA). Advirtió, además, el que todavía se desconocen detalles de cuál o cómo será el funcionamiento de la junta ya que es ésta la que debe establecer su propio reglamento. Además de reglamento se supone que la JCF tenga su propia oficina para reclutar personal y gran parte de su funcionamiento será sufragado por el gobierno de Puerto Rico. 

Ramos González censuró también la facultad que tendría la Junta de reclutar funcionarios del gobierno de Puerto Rico e incluso la capacidad de imponerle una multa al funcionario que no quiera “trabajar” , seguir sus órdenes. En un primer borrador se incluía hasta reclusión al funcionario que se negara a seguir las directrices de la junta. La multa- dijo Ramos González - tiene el propósito de ser un elemento disuasivo para obligar al funcionario a obedecer sus órdenes lo que también puede provocar un cambio de lealtad. 

A juicio del entrevistado la JCF manejará al gobierno de Puerto Rico a través del presupuesto, comenzando con el gobernador y la Asamblea Legislativa y las agencias ligadas al presupuesto como el Departamento de Hacienda, la Oficina de Presupuesto y Gerencia; la Junta de Planificación, el Banco Gubernamental de Fomento, la Oficina del Contralor, la Oficina de Administración de Infraestructura, hasta capacidad para entrar en procesos de alianzas público privadas. 

Ramos González expresó que frente a este organismo se tiene que sentir indignación, la que describió como una indignación histórica. “Uno no puede estar indignado en contra de esta Junta sin recordar cómo lo estuvieron muchos contra el gobierno militar de 1898, contra la Ley Foraker, los que protestamos como hicimos con la Ley 600 ésa es una objeción histórica que hemos tenido porque atenta contra el derecho a la libre determinación. Dentro de ese contexto ésta es una ley más cruda”.

Frente a lo anterior destacó que otro problema particular que tiene la junta y que hace recordar al gobierno militar estadounidense y hasta bajo el dominio español es quién supervisará a la junta. “Nadie”, apuntó Ramos González. Expuso que el proyecto no especifica y dado a que sus miembros serán nombrados directamente por el Presidente, “éste, el Presidente, tú sabes que está pendiente a otras cosas”.

Acotó que aunque el proyecto establece que si hay alguna objeción a una decisión de la JCF se podrá apelar al Tribunal Federal en Washington DC esto representa un problema de acceso y encima de eso el término para presentar una objeción será sólo diez días. A la luz de estas disposiciones describió la junta como una dictatorial ya que las probabilidades de que puedan corregirse sus errores, dijo serán muy pocas. 

Un aspecto que señaló no se ha discutido es que la Junta se lleva por el medio la independencia judicial de Puerto Rico debido a que según el proyecto de haber un problema de interpretación de una ley puertorriqueña la controversia se podrá llevar al Tribunal Supremo de EE UU, el cual estará obligado a emitir una interpretación. 

Desde la óptica del Derecho Internacional, Ramos González apuntó a que se puede decir que el proyecto viene a agudizar la denuncia histórica, de que se trata de un acto más en contra del derecho de autodeterminación de los pueblos. Descartó, además, el que de alguna manera el Congreso permita alguna gestión de consentimiento por parte de Puerto Rico y comparó que la acción del Congreso en estos momentos es una exactamente igual a la exhibida durante la aprobación de la Ley 600 en la cual el Congreso hizo gala de su poder territorial. Más allá resaltó que la conducta del Congreso, del Presidente Obama e incluso de los gobernantes de Puerto Rico, los cuales han dicho que tiene que haber “respeto a la autonomía”, en el fondo lo que están diciendo es que hay que cuidar la forma, “como lo hicieron con la Ley 600 cuidaron la forma hasta el punto de que engañaron a las Naciones Unidas”. 

Un poder colonial del Siglo XVIII

En tanto la copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), licenciada Wilma Reverón Collazo, describió el proyecto como el de “un ejercicio legal de un poder territorial que está basado en una constitución del siglo 18 que es contraria a los principios internacionales de los derechos humanos vigentes”. 

En ese sentido explicó que hay que recordar que cuando Estados Unidos adoptó su constitución en ese momento los poderes europeos entendían que tenían el derecho de invadir, ocupar, explotar y expoliar otros pueblos y otros países lo que era la norma en aquel momento, por lo cual se dieron los procesos coloniales tanto en África, Asia y los que se estaban dando en toda América Latina y el Caribe.

Reverón Collazo criticó el que Estados Unidos haya mantenido esa cláusula territorial en su constitución lo que para todos los efectos es una anomalía en el siglo XXI porque en el 1960 la Corte Internacional dijo clara y de manera diáfana que el colonialismo era un crimen contra la humanidad y que ningún país o estado tenía derecho a sujetar bajo su dominio a ningún otro territorio o nación.

“Así que el primer análisis que hay que hacer es que esta junta de control fiscal está invocando el poder para administrar, imponer reglas y reglamentos dentro de la constitución de Estados Unidos. Así que empezamos de entrada con un ejercicio que dentro del derecho internacional y específicamente desde el 1960 es totalmente ilegal y contrario al derecho internacional. Ése es el primer problemita que enfrenta esa junta, eso de por sí es suficiente para denunciarla, reprocharla como un ejercicio de dominio colonialista y por lo tanto un crimen contra el pueblo de Puerto Rico”. 

Cuestionada sobre si en efecto se llega a implementar la JCF las repercusiones que pueda tener este hecho en las próximas vistas del Comité de Descolonización de la ONU sobre el caso de la isla, la copresidenta del MINH quien fue coordinadora del Comité de Puerto Rico en la ONU, reparó en que por parte del independentismo siempre llevará un mensaje claro y diáfano contra cualquier ejercicio bajo la cláusula territorial. Pero advirtió que el problema que se tiene es la contradicción que presenta los llamados representantes del pueblo de Puerto Rico que fueron electos de que a la vez que gritan contra la junta, a la misma vez están negociando para que se le hagan enmiendas y cambios. 

Dado a este escenario Reverón Collazo vaticinó que “habrá una marcada diferencia en junio 20 entre el independentismo que lo que va a hacer es reiterar la situación colonial y los colonialistas que lo que van es probablemente a quejarse de que se les quitó un poquito de poder aquí y un poquito de poder allá pero no van a cuestionar y confrontar el ejercicio colonialista que estamos padeciendo”. 

En lo que respecta a las acciones en la ONU Reverón Collazo trajo a colación que el gobernador Alejandro García Padilla tuvo oportunidad de plantear la situación colonial y no lo hizo, cuando le escribió una carta al secretario general Baki Moon, al quejarse de la postura del Ejecutivo de EE UU en el caso de Sánchez Valle. 

“Obviamente éste es momento de que todo el mundo cierre fila en contra de esa junta de control fiscal”, expresó. En esa línea Reverón Collazo exhortó al pueblo a participar de una manifestación en contra de esta junta y cualquier otra junta de control fiscal que no sea una avalada en un ejercicio democrático del pueblo de Puerto Rico. 

“Me parece que una manifestación contundente multitudinaria sobre todo de los trabajadores mandaría un mensaje bien importante al gobierno de Estados Unidos de que aquí hay pueblo, que todavía hay capacidad de organizarnos, de hacer resistencia como hicimos en Vieques”. 

Una expresión flagrante de colonialismo

“Ciertamente es una expresión flagrante de colonialismo, mi contención es que Estados Unidos nos está tratando peor de lo que Inglaterra trató a esas 13 primeras colonias”, expresó a CLARIDAD el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAPR) licenciado Mark Anthony Bimbela. 

Para atender la situación el licenciado Bimbela reveló que le encomendó a la Comisión de Desarrollo Constitucional del CAPR que evalúe el proyecto y presente sus recomendaciones para hacerlas parte del informe que la institución se propone presentar en las próximas vistas del Comité de Descolonización de la ONU. “Aprovecharemos ese foro internacional para denunciar el atropello que se está realizando en contra del pueblo de Puerto Rico”.