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Asociación y Soberanía
Orlando Parga Figueroa
El 6 de octubre de 1899 el reverendo Henry K. Carroll sometió a Washington un informe sobre Puerto Rico para el que le comisionó su amigo, el presidente William McKinley. Carroll arribó en enero de 1899, visitó casi todos los pueblos y ciudades de la Isla, se reunió con líderes y portavoces de la sociedad puertorriqueña y sometió al gobierno federal un concienzudo reporte con recomendaciones para administrar la nueva posesión americana.
Aquellas recomendaciones del Informe Carroll corrieron igual suerte a la que posteriormente tuvieron múltiples informes sometidos por comisionados presidenciales y comités del Congreso a lo largo del Siglo XX: se recibieron y se archivaron. La Ley Foraker aprobada en 1900 y la Jones de 1917, en gran medida ignoraron las recomendaciones que Carroll hizo en 1899; la Ley 600 a mitad del siglo pasado nos otorgó facultades de gobierno propio, y nos dejó malcontentos y condenados a un debate sempiterno sobre status político; el Informe del “US-PR Status Commission” de 1966 condujo al plebiscito de 1967, con igual resultado de inacción legislativa y ejecutiva.
Lo trágico y abominable de este peregrinaje histórico es que, 112 años después de sometido el Informe Carroll, Washington nos viene con una copia al carbón de aquella agenda colonial que en 1899 el amigo del presidente McKinley sometía a Washington para administrar la nueva posesión americana.
Con el simple ejercicio de acoplar las recomendaciones sobre comercio e industria, educación, salud, seguridad pública, cultura e idiosincrasia, política y relaciones con los Estados Unidos que el buen Reverendo sometió a finales del siglo XIX, los burócratas del presidente Obama se habrían ahorrado tanta penuria. Queda así una pregunta simple y sencilla. En pleno siglo XXI, ¿debe Puerto Rico someterse a la agenda colonial del presidente Obama?
