Decisión del Comité Especial de ONU relativa a Puerto Rico

Naciones Unidas



El Comité Especial,

Teniendo presente la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, así como las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico,

Considerando que la Asamblea General, en su resolución 43/47, de 22 de noviembre de 1988, declaró el período 1990-2000 Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo, y que en virtud de la resolución 55/146, de 8 de diciembre de 2000, declaró el período 2001-2010 Segundo Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo,

Teniendo presentes las veintiocho resoluciones y decisiones aprobadas por el Comité Especial sobre la cuestión de Puerto Rico, contenidas en los informes del Comité Especial a la Asamblea General, en particular aquellas aprobadas en los últimos años sin votación,

Recordando que el 25 de julio de 2010 se cumplen ciento doce años de la intervención de los Estados Unidos de América en Puerto Rico,

Observando con preocupación que, a pesar de las diversas iniciativas emprendidas en años recientes por los representantes políticos de Puerto Rico y los Estados Unidos, no se ha logrado hasta el momento poner en marcha un proceso de descolonización para Puerto Rico que cumpla con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico,

Enfatizando la urgencia de que los Estados Unidos propicien las condiciones necesarias para la plena aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico,

Tomando nota de que el Grupo Interagencial de Trabajo sobre el Estatus de Puerto Rico designado por el Presidente de los Estados Unidos, el cual presentó su segundo informe en diciembre de 2007, reafirmó que Puerto Rico es un territorio sujeto a la autoridad congresional de los Estados Unidos, y de que en el Congreso de los Estados Unidos se han presentado posteriormente iniciativas con relación al estatus de Puerto Rico,

Tomando nota también de la “Proclama de Panamá”, adoptada en el Congreso Latinoamericano y Caribeño por la Independencia de Puerto Rico, que con la presencia de treinta y tres partidos políticos de veintidós países de la región sesionó del 17 al 19 de noviembre de 2006, en Panamá, cuyas conclusiones fueron reiteradas en Ciudad de México el 29 de marzo de 2008 en la reunión del Comité Permanente de Trabajo por la Independencia de Puerto Rico; y de la declaración del Comité de América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista, adoptada en su reunión en Buenos Aires en abril de 2010 a favor de la revisión del caso de Puerto Rico por la Asamblea General de Naciones Unidas,

Tomando nota además del debate que existe en Puerto Rico sobre la búsqueda de un procedimiento que permita iniciar el proceso de descolonización de Puerto Rico, y consciente del principio de que toda iniciativa para la solución del estatus político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico,

Consciente de que la isla de Vieques, Puerto Rico, fue utilizada durante más de sesenta años por la infantería de marina de los Estados Unidos para llevar a cabo maniobras militares, con las correspondientes consecuencias negativas para la salud de la población, el medio ambiente y el desarrollo económico y social de ese municipio puertorriqueño,

Tomando nota del consenso que existe en el pueblo y Gobierno de Puerto Rico sobre la necesidad de que se produzca la limpieza, descontaminación y devolución al pueblo de Puerto Rico de todas las tierras anteriormente utilizadas para maniobras e instalaciones y su utilización para el desarrollo social y económico de Puerto Rico,

Tomando nota también de las denuncias hechas por los habitantes de Vieques sobre la continuación de la detonación de bombas y quema abierta como método de limpieza, agravando así los problemas de salud y contaminación ya existentes y poniendo en riesgo la vida de civiles,

Tomando nota además del consenso que existe en el pueblo de Puerto Rico a favor de que se ponga en libertad a los presos políticos puertorriqueños, algunos de los cuales cumplen condenas en prisiones de los Estados Unidos por más de veintinueve años por causas relacionadas con la lucha por la independencia de Puerto Rico,

Tomando nota de la preocupación existente en el pueblo de Puerto Rico con relación a las acciones violentas, incluidas la represión e intimidación, contra independentistas puertorriqueños, incluyendo las que se han conocido recientemente a partir de documentos desclasificados por agencias federales de los Estados Unidos,

Tomando nota también de que en el Documento Final de la Decimoquinta Conferencia Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en Sharm El Sheikh (Egipto) del 11 al 16 de julio de 2009, y en otras reuniones del movimiento, se reafirma el derecho del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General; se exhorta al Gobierno de los Estados Unidos a asumir su responsabilidad de acelerar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia; se insta al Gobierno de los Estados Unidos a devolver el territorio y las instalaciones ocupados en la isla de Vieques y en la Estación Naval de Roosevelt Roads al pueblo puertorriqueño, que constituye una nación latinoamericana y caribeña; y se insta a la Asamblea General de las Naciones Unidas a examinar activamente la cuestión de Puerto Rico en todos sus aspectos,

Habiendo oído declaraciones y testimonios representativos de diversas tendencias del pueblo puertorriqueño y sus instituciones sociales,

Habiendo examinado el informe del Relator del Comité Especial sobre la aplicación de las resoluciones relativas a Puerto Rico ,

1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y la aplicabilidad de los principios fundamentales de dicha resolución a la cuestión de Puerto Rico;

2. Reitera que el pueblo puertorriqueño constituye una nación latinoamericana y caribeña que tiene su propia e inconfundible identidad nacional;

3. Llama al Gobierno de los Estados Unidos de América a asumir su responsabilidad de propiciar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia, de conformidad y en pleno cumplimiento con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico;

4. Toma nota del amplio apoyo de personalidades, Gobiernos y fuerzas políticas de América Latina y el Caribe a la independencia de Puerto Rico;

5. Toma nota nuevamente del debate que existe en Puerto Rico sobre la implementación de un mecanismo que pueda asegurar la plena participación de todos los sectores de opinión puertorriqueños, entre ellos una Asamblea Constitucional de Status sobre las bases de las alternativas descolonizadoras reconocidas por el derecho internacional, consciente del principio de que toda iniciativa para la solución del estatus político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico;

6. Expresa profunda preocupación en relación con las acciones llevadas a cabo contra luchadores independentistas, y alienta a que se lleven a cabo investigaciones sobre esas acciones, con el rigor necesario y la cooperación de las autoridades pertinentes;

7. Solicita a la Asamblea General que examine de manera amplia y en todos los aspectos la cuestión de Puerto Rico;

8. Insta al Gobierno de los Estados Unidos, en consonancia con la necesidad de garantizar al pueblo puertorriqueño su legítimo derecho para la libre determinación y la protección de sus derechos humanos, a que termine la devolución de toda la tierra antes ocupada y las instalaciones en Vieques y Ceiba al pueblo de Puerto Rico, atienda a los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud y al desarrollo económico, y acelere la ejecución y asuma los costos del proceso de limpieza y descontaminación de las áreas de impacto anteriormente utilizadas en las maniobras militares mediante métodos que no continúen agravando las serias consecuencias de su actividad militar para la salud de los habitantes de la isla de Vieques y el medio ambiente;

9. Pide al Presidente de los Estados Unidos que ponga en libertad a Oscar López Rivera y Carlos Alberto Torres, quienes cumplen condenas por más de veintiocho años, y Avelino González Claudio, todos presos políticos puertorriqueños que cumplen condenas en prisiones de los Estados Unidos por causas relacionadas con la lucha por la independencia de Puerto Rico;

10. Toma nota con satisfacción del informe preparado por el Relator del Comité Especial1, en cumplimiento de lo dispuesto en su resolución de 9 de junio de 2008;

11. Solicita al Relator que informe al Comité Especial en el año 2010 sobre la aplicación de la presente resolución;

12. Decide mantener la cuestión de Puerto Rico bajo examen continuo.

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(English Version)
 Special Committee decision concerning Puerto Rico

The Special Committee,

Bearing in mind the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, contained in General Assembly resolution 1514 (XV) of 14 December 1960, as well as the resolutions and decisions of the Special Committee concerning Puerto Rico,

Considering that the period 1990-2000 was proclaimed by the General Assembly, in its resolution 43/47 of 22 November 1988, as the International Decade for the Eradication of Colonialism, and that by resolution 55/146 of 8 December 2000, the General Assembly declared the period 2001-2010 the Second International Decade for the Eradication of Colonialism,

Bearing in mind the 28 resolutions and decisions adopted by the Special Committee on the question of Puerto Rico, contained in the reports of the Special Committee to the General Assembly, in particular those adopted without a vote in recent years,

Recalling that 25 July 2010 marks the one hundred and twelfth anniversary of the intervention in Puerto Rico by the United States of America,

Noting with concern that despite the diverse initiatives taken by the political representatives of Puerto Rico and the United States in recent years, the process of decolonization of Puerto Rico, in compliance with General Assembly resolution 1514 (XV) and the resolutions and decisions of the Special Committee on Puerto Rico, has not yet been set in motion,

Stressing the urgent need for the United States to lay the groundwork for the full implementation of General Assembly resolution 1514 (XV) and the resolutions and decisions of the Special Committee concerning Puerto Rico,

Noting that the inter-agency Task Force on Puerto Rico’s Status designated by the President of the United States, which submitted its second report in December 2007, reaffirmed that Puerto Rico is a territory subject to United States congressional authority and that initiatives concerning Puerto Rico’s status have been subsequently presented to the Congress of the United States,

Also noting the “Panama Proclamation”, adopted by the Latin American and Caribbean Congress for the Independence of Puerto Rico, which was held in Panama from 17 to 19 November 2006 and attended by 33 political parties from 22 countries of the region, the conclusions of which were reaffirmed in Mexico City on 29 March 2008 at the meeting of the Standing Committee for Puerto Rican Independence; and the declaration of the Socialist International Committee for Latin America and the Caribbean, adopted at its meeting in Buenos Aires in April 2010, supporting a review of the case of Puerto Rico by the United Nations General Assembly,

Further noting the debate in Puerto Rico on the search for a procedure that would make it possible to launch the process of decolonization of Puerto Rico, and aware of the principle that any initiative for the solution of the political status of Puerto Rico should originate from the people of Puerto Rico,

Aware that Vieques Island, Puerto Rico, was used for over 60 years by the United States Marines to carry out military exercises, with negative consequences for the health of the population, the environment and the economic and social development of that Puerto Rican municipality,

Noting the consensus existing among the people and the Government of Puerto Rico on the necessity of ensuring the clean-up, decontamination and return to the people of Puerto Rico of all the territory previously used for military exercises and installations, and of using them for the social and economic development of Puerto Rico,

Also noting the complaints made by the inhabitants of Vieques Island regarding the continued bombing and the use of open burning for clean-up, which exacerbate the existing health problems and pollution and endanger civilian lives,

Further noting the consensus among the people of Puerto Rico in favour of the release of the Puerto Rican political prisoners, some of whom have been serving sentences in United States prisons for more than 29 years for cases related to the struggle for Puerto Rico’s independence,

Noting the concern of the people of Puerto Rico regarding violent actions, including repression and intimidation, against Puerto Rican independence fighters, including those that have recently come to light through documents declassified by federal agencies of the United States,

Also noting that in the final document of the Fifteenth Summit of the Non Aligned Movement, held in Sharm el-Sheikh, Egypt, from 11 to 16 July 2009, and at other meetings of the Movement, the right of the people of Puerto Rico to self-determination and independence is reaffirmed on the basis of General Assembly resolution 1514 (XV); the Government of the United States is urged to assume its responsibility to expedite a process that will allow the Puerto Rican people to fully exercise their inalienable right to self-determination and independence; the Government of the United States is urged to return the territory and occupied installations on Vieques Island and at the Roosevelt Roads Naval Station to the Puerto Rican people, who constitute a Latin American and Caribbean nation; and the General Assembly is urged to actively consider the question of Puerto Rico in all its aspects,

Having heard statements and testimonies representative of various viewpoints among the people of Puerto Rico and their social institutions,

Having considered the report of the Rapporteur of the Special Committee on the implementation of the resolutions concerning Puerto Rico,

1. Reaffirms the inalienable right of the people of Puerto Rico to self-determination and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and the applicability of the fundamental principles of that resolution to the question of Puerto Rico;

2. Reiterates that the Puerto Rican people constitute a Latin American and Caribbean nation that has its own unequivocal national identity;

3. Calls upon the Government of the United States of America to assume its responsibility to expedite a process that will allow the Puerto Rican people fully to exercise their inalienable right to self-determination and independence, in accordance and in full compliance with General Assembly resolution 1514 (XV) and the resolutions and decisions of the Special Committee concerning Puerto Rico;

4. Notes the broad support of eminent persons, governments and political forces in Latin America and the Caribbean for the independence of Puerto Rico;

5. Again notes the debate in Puerto Rico on the implementation of a mechanism that would ensure the full participation of representatives of all viewpoints prevailing in Puerto Rico, including a constitutional assembly on status with a basis in the decolonization alternatives recognized in international law, aware of the principle that any initiative for the solution of the political status of Puerto Rico should originate from the people of Puerto Rico;

6. Expresses serious concern regarding actions carried out against Puerto Rican independence fighters, and encourages the investigation of those actions with the necessary rigour and with the cooperation of the relevant authorities;

7. Requests the General Assembly to consider the question of Puerto Rico comprehensively in all its aspects;

8. Urges the Government of the United States, in line with the need to guarantee the Puerto Rican people their legitimate right to self-determination and the protection of their human rights, to complete the return of occupied land and installations on Vieques Island and in Ceiba to the people of Puerto Rico; respect fundamental human rights, such as the right to health and economic development; and expedite and cover the costs of the process of cleaning up and decontaminating the impact areas previously used in military exercises through means that do not continue to aggravate the serious consequences of its military activity for the health of the inhabitants of Vieques Island and the environment;

9. Requests the President of the United States of America to release Oscar López Rivera and Carlos Alberto Torres, who have been serving sentences in United States prisons for over 28 years, and Avelino González Claudio, all of whom are Puerto Rican political prisoners serving sentences in United States prisons for cases relating to the struggle for the independence of Puerto Rico;

10. Notes with satisfaction the report prepared by the Rapporteur of the Special Committee,1 in compliance with its resolution of 9 June 2008;

11. Requests the Rapporteur to report to the Special Committee in 2010 on the implementation of the present resolution;

12. Decides to keep the question of Puerto Rico under continuous review.