Cinco procónsules determinarán el presupuesto, los planes fiscales, el manejo de las agencias y las corporaciones públicas, el sistema de permisos, las reglamentaciones ambientales, la reducción del salario mínimo, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y todo lo que caiga en su objetivo de garantizar el pago a los acreedores de la deuda de Puerto Rico. No hay ámbito o área de gestión pública que no escape a su intervención. Contarán además para su agenda nefasta con las recomendaciones del Informe Krueger, hecho a la medida para sus propósitos.
Como si se tratara de aumentar el desprecio y la venganza hacia los puertorriqueños, esta versión nueva de la Junta de Control Fiscal es peor que la presentada por el senador Orrin Hatch, muy lejos de las esperanzas fofas de los políticos coloniales que fantasearon con sus dotes persuasivos.
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